Cuando hablamos de conflictos bélicos, tanto los medios de comunicación como las redes sociales concentran sus esfuerzos en la forma más evidente de violencia: ataques directos y coordinados contra la población civil, que provocan muertes trágicas a gran escala. Sin embargo, son pocas las plataformas internacionales y organizaciones que ponen el foco en las violencias que afectan de manera desproporcionada a millones de mujeres y niñas: nos referimos a la violencia sexual como arma de guerra, las violaciones masivas para forzar los desplazamientos humanos, la esclavitud sexual, la mutilación genital, la esterilización forzada, la trata y prostitución forzada, entre otras, todas prácticas silenciadas, infra denunciadas, difíciles de detectar y cuantificar, que suponen deshumanización y la manifestación más brutal de discriminación y violencia hacia las niñas y mujeres, como ya hemos puesto de manifiesto desde nuestra Asociación.
Ejemplos actuales los encontramos frente a nuestras narices. En el territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel desde el año 1967, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio contra la población palestina se encuentran en su punto más álgido desde el pasado 7 de octubre de 2023 y la comunidad internacional poco hace. Desde esa fecha, se ha documentado la muerte de más de 22.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres, menores y personas ancianas (De Grado, 2024).
Pese a las dificultades investigativas y de levantamiento de información que rodean este escabroso escenario, se ha podido documentar que, además de los asesinatos y traslados forzosos, las mujeres se han visto sometidas a un sinfín de violencias, muchas de las cuales tocan directamente la esfera de su sexualidad.
A modo de ejemplo, podemos mencionar que han debido tomar anticonceptivos para detener su ciclo menstrual, debido a la carencia de toallas sanitarias y escasez de agua para una higiene menstrual adecuada. Es que el contexto bélico las ha forzado a permanecer muchos días con la misma ropa, incluso ensangrentada y seca (De Grado, 2024). Asimismo, se han producido numerosos casos de infecciones uterinas, lo que obliga a la pronta extirpación de úteros, con riesgo evidentes de insalubridad, según denuncian organizaciones feministas de la ciudad de Ramal-lah (Bazán y Baena, 2023).
Desde el comienzo de los ataques, han nacido 20.000 bebés en la Franja de Gaza, es decir, 1 cada 10 minutos (UNICEF). En la actualidad, hay más de 50.000 mujeres embarazadas y ocurren 160 partos al día, en condiciones desastrosas debido a la saturación de los hospitales; cesáreas sin anestesia, altas tempranas por falta de personal, partos en la calle –entre escombros o bajo las bombas– con riesgos altos de contraer infecciones y prematuros por la situación de estrés generado por la guerra, que muchas veces no pueden vivir porque las incubadoras dependen de la electricidad, la que es interrumpida en los períodos de ataque (Bazán y Baena, 2023). Las condiciones sanitarias, como son la dificultad de acceso a los servicios de salud y medicación y, la falta de equipos de atención médica e instalaciones configuran una crisis que afecta de manera particular y desproporcionada a las mujeres y sus hijos.
Asimismo, la escasez alimentaria también afecta en mayor medida a mujeres, niñas y niños, quienes son más propensas a la desnutrición, a comer menos cuando no hay alimento suficiente para toda la familia y quienes asumen el peso de buscar alimento. En el caso de las mujeres lactantes en Palestina, gran parte es incapaz de generar la leche que necesitan sus bebés, por lo que deben recurrir a biberones preparados con agua no potable, lo que genera en los lactantes infecciones y muertes por diarrea y deshidratación (Oxfam, 2023).
Por su parte, el aumento de la violencia de género por hacinamiento en albergues y refugios pone en grave riesgo la vida y salud de mujeres y sus hijos e hijas. Por el colapso social, se han levantado barreras asociadas a la detección y atención de la violencia de género: no existen vías efectivas de denuncia ni institucionalidad estatal o del tercer sector, para atender casos de violencia de género. Del 37% de mujeres palestinas que percibe la violencia de género como un problema, apenas el 2% de ellas iría a denunciar a la policía (MGFUND).
Finalmente, pero no menos importante, se ha documentado persecusión de las organizaciones de Mujeres de Derechos Humanos, que luchan contra la ocupación Israelí, para dar más educación y opciones de vida a las mujeres y niñas en Palestina, que son detenidas y acusadas de terrorismo. En consecuencia, las activistas quedan atrapadas entre los ataques provenientes de isrealíes y los del antifeminismo palestino de orden religioso (Alabao, 2023).
Respecto a la violencia sexual en territorios palestinos, el tema se complica. Pese a que no existe respaldo o documentación fehaciente de la ocurrencia de dicha violencia como “arma de guerra” (como tal) hacia las mujeres palestinas, el Alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha informado que se ha reportado violencia sexual policial, en procesos de arrestos y muertes bajo custodia, y otros malos tratos a detenidas palestinas. En este sentido, se han documentado desnudos forzados, tocamientos forzados por parte de personal penitenciario, entre otras prácticas ejecutadas principalmente contra mujeres en cárceles y checkpoints (Al Issa y Beck, 2020).
Es de estimar que este silencio o falta de documentación responde precisamente a las dificultades propias del fenómeno: es una violencia que no deja evidencia fácilmente estudiable, ni heridos de combate registrados en hospitales, ni atestados policiales. Muchas veces ni siquiera hay develación (por vergüenza o miedo), menos asistencia y reparación, por lo debilitados que se encuentran los movimientos sociales por los mismos efectos de la guerra, los cuales a su vez están siendo perseguidos o trabajando en la sobrevivencia de la población. Toda esta situación resulta alarmante por su invisibilización, por la falta de cobertura mediática internacional, la cual carece de imparcialidad y perspectiva de género. Por todo ello, activistas palestinas, como Soraida Hussein y Yussarah Abdallah Vargas, han interpelado a los movimientos feministas del mundo para presionar a los gobiernos y boicotear la ocupación israelí.
De otro lado, una verdad incómoda de la cual debemos hacernos cargo, es la de la politización de los datos de violencia sexual, mediante aprovechamiento de la agenda feminista, para generar sensacionalismo, empatía internacional y justificar bombardeos, legitimar ocupaciones y exterminio (Zugasti, 2022). En este contexto, no podemos dejar de mencionar las denuncias de Israel sobre la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, refiriendo a más de 1.500 víctimas de violaciones, torturas y mutilaciones, y que ha provocado gran revuelo mediático internacional, interpelando Israel el silencio de ONU Mujeres y del movimiento feminista a nivel mundial, con campañas difundidas por medios israelíes como “#believeIsraeliWomen”, con un enfoque que refuerza estereotipos y discriminaciones, presentando a las sociedades musulmanas como “menos civilizadas”, inherentemente machistas, al servicio de legitimar la ocupación como el exterminio (Alabao, 2023).
Desde ya condenamos rotundamente los horrores de la utilización de la violencia sexual como arma de guerra, independiente del bando que provenga, así como su instrumentalización como propaganda de guerra al servicio del exterminio. En cualquier caso, las perjudicadas siempre son las mujeres víctimas.
Finalmente, se debe enfatizar que visibilizar la violencia sexual no debe implicar la reducción del rol de las mujeres al de víctima de los conflictos armados. Las mismas deben ser incluidas en negociaciones formales en búsqueda de la paz, reconocidas como líderes de cambio y agentes de paz en los procesos formales, de modo que sus intereses también pasen a ser reconocidos y escuchados. Es así que, junto con mejorar los mecanismos de detección y erradicación de la violencia sexual como arma de guerra, exigimos participación activa de las mujeres en los procesos de rehabilitación de las sociedades, en una guerra cuyo término es una demanda colectiva, implorada por el mundo entero.
Artículo elaborado en el marco del Centro de Atención Integral a Mujeres Migrantes y Víctimas de Violencia de Género, financiado por Vicepresidència i Conselleria Segona de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana en el marco de la convocatoria ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el ejercicio 2023, y se les da publicidad.
Autora: Javiera González, asesora jurídica de la Asociación Por Ti Mujer
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