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18D: migrar es un derecho

La movilidad humana es una realidad que existe desde la prehistoria como elección y/o necesidad. Constituye una expresión valiente de determinación individual, de superar adversidades y buscar una vida mejor, que además está reconocida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar.

Sin embargo, actualmente la libre circulación ha dejado de ser un derecho, para convertirse en una actividad fiscalizada, sancionada y reprimida por el control fronterizo. Se ha sometido a la humanidad a la división del norte y del sur, del imperio y sus colonias, marcada por una concepción eurocentrista del mundo y los prospectos de una ley que en vez de proteger; limita, restringe y vulnera los derechos de las personas inmigrantes, que no se pueden desplazar de manera libre ni digna, siendo sometidas a precariedades tanto en el trayecto como en la llegada al país de “acogida”.

La presencia de personas “extranjeras”, no solo ha ayudado al crecimiento de las economías, “incrementando el ingreso por persona y mejorando los niveles de vida” de la población, sino que ha dado paso a una sociedad más diversa, sostenible, innovadora, donde han florecido nuevos retos desde la multiculturalidad, dando lugar a un prolífico enriquecimiento cultural, étnico, lingüístico, religioso, entre otros. Sin embargo, esta realidad que debe motivar el diálogo, la convivencia y el intercambio, se ha encontrado con un fuerte rechazo por una parte de la población y, a nivel de gobernanza, con políticas y tolerancia a comportamientos y agresiones xenófobas, racistas, estigmatizantes y de exclusión, inducidas por la desinformación, que suponen una alarma que lleva a concluir que no se están cumpliendo los planes de acción para la inclusión efectiva de personas migrantes y/o racializadas.

El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU, proclamó el 18 de diciembre como “Día Internacional del Migrante”, a raíz del creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos y libertades de este colectivo, y de algunos llamados internacionales para la integración del concepto de ciudadanía global. A ello se suma el aumento de la alerta por las violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular; especialmente de las mujeres y los niños. Por todo ello, manifestamos la necesidad de un cambio de conciencia social, que elimine los estigmas de la migración y que promueva medios eficaces y eficientes de regularización de las personas inmigrantes.

Como muchas voces activistas ya lo han manifestado, debido a la persistente falta de vías migratorias seguras y regulares, millones de personas siguen emprendiendo viajes peligrosos año tras año. De acuerdo a cifras de la ONU y la OIM, se estima que el porcentaje de personas migrantes en la población mundial es de 3,6% (2020). Se calcula, además que desde 2014, más de 50.000 migrantes han perdido la vida en rutas migratorias en todo el mundo, ya sea en pateras o fronteras terrestres hostiles y desérticas. Pero, para muchas personas inmigrantes el peligro no termina cuando llegan a su destino, sino que comienzan una vida en condiciones de vulnerabilidad que permite que sean violentados sus derechos humanos. Pareciera que ser inmigrante irregular en Europa es sinónimo de “no existir”, de ser “invisible para la justicia”, sin derecho a acceder al “bienestar” ni “buen vivir”.

En un día como hoy, es imprescindible denunciar una de las mayores barreras que tienen las personas migrantes en España y la mayoría de países europeos: la Ley de Extranjería, la cual niega derechos a las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. Como consecuencia de ella, pueden ser víctimas de identificaciones de perfil étnico-racial, pueden ser trasladadas a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) e incluso ser expulsadas, ocurriendo así diversas vulneraciones a los derechos humanos. Las personas que están en situación administrativa irregular sólo pueden acceder a puestos laborales precarios, salarios pagados “en B”, en el marco de la economía sumergida y, sin Seguridad Social, pudiendo ser explotadas o abusadas y sin reconocimiento de su formación profesional realizada en el país de origen.

También recalcamos el doble impacto de la violencia machista en las mujeres inmigrantes, especialmente en aquellas en que se encuentran en situación administrativa irregular. El miedo a denunciar por la posibilidad de no poder probar la violencia y ser expulsadas a raíz la exhibición de su situación administrativa,  lleva a las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista a ponderar la necesidad de tener que soportar la violencia antes que arriesgar una expulsión. Además, se han denunciado actos de violencia física y sexual a mujeres dentro de los CIE, llegándose a concluir que en dichos lugares “las mujeres se enfrentan a mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres”.

Muchas son las dificultades para regularizar la situación administrativa que tiene una persona inmigrante, específicamente en España. Dentro del ordenamiento jurídico español, en el artículo 13.1 de la Constitución Española de 1978, se hace una mención genérica, insuficiente y sin garantía de cumplimiento, en los siguientes términos: los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título (de derechos y deberes fundamentales) en los términos que establezcan los Tratados y la Ley. Luego, existen tratados ratificados por España que tienen escasa fuerza vinculante y leyes y reglamentos migratorios diseñados para que la población inmigrante se enfrente a un sin fin de barreras para regularizar su situación: visados exigentes con requisitos irrisorios de solvencia económica, ausencia de citas previas para pedir asilo y protección internacional, solicitudes que son mayoritariamente rechazados y una burocracia que termina por causar el hastío y agotamiento de la persona solicitante. En la mayoría de los casos, se deberá esperar más de dos años para que recién se aperture alguna alternativa de regularización; años de invisibilidad, de explotación, de abandono, de ansiedad por una posible expulsión, de miedo, de carencias económicas, entre otras.

La historia oficial, de corte eurocentrista, oculta el hecho de que la actual “superioridad europea” no deviene de una continuidad histórica greco-romana, sino surge precisamente a propósito de la conquista de los territorios y habitantes de Abya Yala y de África, junto a sus políticas de exterminio, esclavización y extractivismo, nuevas riquezas que ciertamente le permiten a Europa obtener ventajas comparativas frente a las economías de otras regiones del mundo. Mismas riquezas que hoy posicionan a sus naciones en un Estado de Bienestar que es negado a la persona inmigrante proveniente de los mismos terrenos colonizados y explotados. Desde este punto de vista nos preguntamos: ¿hasta cuándo la sociedad permitirá perpetuar las consecuencias de la colonización con una normativa y política pública xenófobas y racistas?

Es necesario que se cree una conciencia global de respeto hacia los derechos humanos de las personas inmigrantes, y que esto se vea reflejado en las leyes y sobre todo en el respeto de su dignidad, para que el mundo sea el hogar de todos, un mundo sin límites, hogar de la humanidad.

Por todo lo dicho, desde la Asociación Por Ti Mujer exigimos:

  • Reformar de manera urgente la Ley de Extranjería porque sin documentación no hay derechos. #Regularización Ya
  • El cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros, que no son más que una cárcel que priva a las personas migrantes en situación administrativa irregular de su libertad de desplazamiento, derecho fundamental contenido en artículo 17 de la Constitución Política Española, sin haber cometido ningún delito, para ser deportados sin derecho a defensa.
  • Dejar de extraer las riquezas del sur global, empobreciendo estos países, impidiendo su desarrollo para luego vulnerabilizar y explotar los derechos de las personas que vienen a causa de esta realidad en España.
  • El cese de las devoluciones en caliente, porque las personas que llegan a la frontera tienen derechos y deben ser tratados con dignidad, y recibir todas las garantías individualizadas.
  • El derecho al voto debe estar ligado a la residencia y no debe estar sujeto a convenio. A día de hoy, una parte de la ciudadanía extranjera sigue sin poder votar y sin poder elegir sus representantes políticos en el país donde reside.

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