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¡¡NO NOS PUEDEN DEJAR ATRÁS!!

COMUNICADO DE LA RED DE MUJERES LATINAS Y DEL CARIBE EN ESPAÑA

En este momento que España está enfrentando una crisis global sanitaria, de cuidados, producción y consumo queremos extender nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento al personal sanitario y no sanitario que está en primera línea haciendo frente a esta emergencia sin precedentes. Hoy más que nunca cobra valor y sentido una sanidad pública gratuita y universal para todos y todas.

Si bien es cierto esta pandemia no entiende de clases sociales, etnias, ideario político o credo religioso, es un hecho evidente que su impacto en la vida de las personas no es homogéneo. La crisis sanitaria que origina la pandemia deja al desnudo las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de algunos grupos de la sociedad, entre estos a las personas migrantes.

Saludamos las medidas de carácter excepcional contenidas en Decreto 463/2020 “estado de alarma” adoptado por el Gobierno; sin embargo no surten efecto en colectivos que tienen una frágil o nula conexión con la ciudadanía como son las personas en situación irregular que residen en el país, solicitantes de asilo, las personas que se encuentran internas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), o las personas que realizan trabajos en la economía sumergida, como las empleadas de hogar migrantes muchas de ellas trabajadoras internas en los hogares.

Las mujeres migrantes que trabajan como empleadas de hogar son mayoría entre las más de 630.000 (Encuesta de Población Activa), de las cuales sólo el 65% están dadas de alta. Entre las que trabajan en la economía sumergida, se encuentra un grupo importante de mujeres migrantes en situación de irregularidad jurídica, cuyas funciones exceden las propias del trabajo doméstico, al haberles sido asignadas funciones de cuidado de personas dependientes -mayores y enfermas- por lo general. La falta de contrato laboral, la invisibilidad y la ausencia de inspecciones de trabajo, las exponen a la explotación laboral y, en algunos casos incluso, a condiciones laborales que se pueden asociar a la esclavitud.

Según la información que nos están haciendo llegar estas mujeres a las asociaciones de nuestra Red, por lo general, no están contando con medios ni materiales necesarios para prevenir el contagio del coronavirus en sus puestos de trabajo, exponiendo su salud. Aquellas que no trabajan como internas y regresan a sus hogares después de una larga jornada laboral, también están poniendo en riesgo la salud de sus familiares.

La crisis sanitaria actual, que también es una crisis económica, social y familiar fragiliza la economía de muchas familias y, en algunos casos, empobrece. Provoca impagos en los alquileres; reduce considerablemente la vinculación social, con la consiguiente pérdida de contactos laborales; enfrenta a muchas personas a la soledad y el aislamiento; el encierro y las preocupaciones acarrean depresión o ansiedad y termina originando problemas de salud mental que, en definitiva, es también un problema de salud pública.

Esta situación incrementa el riesgo de sufrir violencia de género de mujeres, sus hijos e hijas que ya la experimentaban antes del confinamiento, pero que ahora se ven obligadas a compartir vivienda las 24 horas con sus agresores. En los primeros días de confinamiento social, se dieron a conocer los primeros casos de asesinatos por violencia de género y las llamadas al 016 se han incrementado en un 20%, según fuentes oficiales.

La atención a la salud de la población migrante sufrió un importante menoscabo en 2012, con la regulación del Real Decreto Ley 16/2012, que sin bien ha sido derogado -parcialmente- por el actual Gobierno de España, sus efectos a largo plazo se pueden observar en la discriminación y el racismo todavía imperante en algunos sectores de la población, que demandan la exclusión de las personas migrantes del sistema sanitario (por ejemplo, la reciente declaración en prensa de un miembro del partido de ultraderecha español Vox).

Debemos recordar en este punto, que la Ley de Extranjería ha restringido considerablemente el derecho a vivir en familia de las mujeres migrantes, al haber ampliado los requisitos exigibles para reagrupar a familiares, en la modificación efectuada en 2009. Esto ha provocado un debilitamiento considerable de la red de apoyo de las mujeres migrantes residentes en España, que hoy demuestra su cara más cruda.

Como Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe no podemos dejar de mencionar los efectos trasnacionales que tiene esta pandemia, que afecta a la salud y economía de nuestros países y de nuestras familias de origen; lo que añade angustia y preocupación a las trabajadoras inmigrantes, que mantienen miembros de la familia, tanto aquí como allí. Nos preocupa sobremanera los débiles sistemas sanitarios públicos que, serán incapaces de afrontar esta pandemia y condenara a la pobreza a miles de mujeres y hombres.

A todo ello, tenemos que denunciar la precariedad en que desarrollamos nuestro trabajo las asociaciones de mujeres migrantes, contando básicamente con trabajo voluntario. En las últimas décadas los efectos de la crisis económica, entre los que cabe señalar el recorte de los programas destinados al asociacionismo, así como el ascenso de la extrema derecha en el poder, como en el caso de Andalucía, han golpeado de manera catastrófica al tejido asociativo migrante, impactando negativamente en la atención de los colectivos más vulnerabilizados, aquellos a los que las asociaciones de mujeres migrantes tenemos acceso permanentemente gracias a nuestro propio esfuerzo.

En estos momentos más que nunca, necesitamos de la responsabilidad de los gobiernos, de los distintos sectores económicos y de la sociedad en general, para paliar los efectos más dañinos que el actual estado de alarma está causando entre la población más vulnerable.

Desde la Red de mujeres Latinoamericanas y del Caribe demandamos al Gobierno:

1. Papeles para todas y todos YA. Regularización documental de todas las personas migrantes que se encuentran en situación de irregularidad jurídica en España, en la mayoría de los casos residiendo y trabajando durante años.

2. Subsidio de desempleo para las empleadas de hogar YA.  Que las medidas de contención acordadas por el Gobierno español para ayudar a paliar los efectos negativos en el ámbito laboral y económico sean también de aplicación a las trabajadoras de este sector. No basta con un mes de paro, tal y como se está anunciado.

3. Protección inmediata y eficaz de las empleadas de hogar que mantienen sus empleos durante el actual estado de alarma, sobre todo de quienes tienen por tarea cuidar a personas en situación de dependencia. Esto incluye medidas de protección sanitaria y entrega de equipos de protección.

4. Mejora de la accesibilidad a la Renta Activa de Inserción para los colectivos vulnerabilizados por la crisis del coronavirus y el estado de alarma y regulación, a medio y largo plazo, de la Renta Básica Universal.

5. Medidas urgentes destinadas a hacer frente a los impagos de la vivienda habitual de las personas más vulnerables, en particular, las mujeres migrantes con responsabilidades familiares. Exenciones al pago de los gastos de la electricidad, la calefacción o la conexión a Internet o un acceso más flexible a las bonificaciones del Bono energético.

6. Medidas destinadas a la mejora de la habitabilidad de muchas familias que viven el confinamiento en situación de hacinamiento, vivienda compartida, espacios reducidos o falta de higiene. Ampliación de plazas residenciales para personas o familias en situación de vulnerabilidad residencial o que viven en la calle.

7. Creación de programas de alimentos (como el Banco de Alimentos), adaptados al actual estado de alarma, por ejemplo, a través de la concesión de tarjetas de compra en supermercados, para aquellas familias que viven en situación de exclusión social, agravada por dicho estado.

8. Medidas urgentes en materia de conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres que integran familias monoparentales, en particular, migrantes empleadas de hogar, y que continúan realizando sus trabajos, tanto en la economía sumergida como con contrato formal.

9. Diversificación de las medidas de atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género; que el servicio 016 y todos los que se pongan a disposición por vía online o teléfono tengan servicio de intérpretes.

10. Coordinación urgente con los consulados de origen, a fin de superar las barreras administrativas que pudieran derivarse de la situación nacional y migratoria, tanto para la víctima como para sus hijos e hijas (Medida 214 del Pacto de Estado).

11. Ampliación de las plazas en los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos o hijas. Habilitación de nuevos espacios donde puedan residir temporalmente al menos hasta que dure el estado de alarma.

12. Que las campañas de sensibilización sobre violencia de género se desarrollen en varios idiomas facilitando que el mensaje llegue a mujeres migrantes de diversas procedencias, en especial a las que se encuentran en situación administrativa irregular.

13. Medidas específicas y efectivas de protección, apoyo y contención de mujeres en situación de prostitución, la mayoría migrantes. Ninguna de las medidas acordadas hasta ahora por parte del Gobierno para ayudar a contener los efectos del estado de alarma, tiene efecto en este colectivo, dada su invisibilidad y especial desprotección.

14. Cierre de los CIES, con medidas inmediatas para proteger a las personas que se encuentran internadas en los mismos.

El aporte de las mujeres migrantes que desarrollan día a día desde sus diferentes espacios, en especial trabajadoras del hogar, de atención domiciliaria, o en residencias de mayores en los distintos rincones del país al cuidado de los grupos más vulnerables: ancianos, menores, personas con capacidades especiales, enfermos, entre otros, es de suma importancia para el funcionamiento del tejido social, aportamos en el desarrollo del país.

¡¡¡NO NOS PUEDEN DEJAR ATRÁS!!!

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