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El 28 de diciembre de 2024, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cumplirá 20 años de su aprobación. La aprobación de esta ley supuso un reconocimiento pionero a la violencia estructural que sufren las mujeres por el hecho de serlo y, especialmente, cuando hablamos de relaciones con un componente sentimental entre víctima y victimario. Esta ley fue el resultado de haber computado 71 mujeres víctimas mortales a manos de sus parejas o ex parejas en 2003, de las cuales, ninguna había denunciado. Se advirtió entonces, que no se trataba de un hecho aislado y que requería un reconocimiento específico, así como medidas tanto de prevención como de intervención y reparación específicas.

Así pues, este año se espera la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y es más necesario que nunca realizar una exhaustiva revisión de cada uno de los aspectos que regula el Pacto, debido al incesante aumento de las cifras de víctimas y las nuevas normativas aprobadas en relación con la Violencia de Género. En este sentido, cabe destacar la aprobación de la nueva Directiva del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, respecto de la cual debemos reconocer que la normativa española cumple con gran parte de los preceptos establecidos en la misma, pero que sin embargo, deberá revisar e implementar en su totalidad.

En este último año, se ha destacado desde el Gobierno la importancia de analizar los casos de asesinatos de niños y niñas producto de la violencia vicaria, la necesidad de reforzar la coordinación entre órganos judiciales y administraciones, así como mejorar y aumentar la formación en perspectiva de género e infancia, concretamente en las Unidades de Coordinación de las Delegaciones del Gobierno y las Unidades de violencia sobre la mujer y, por supuesto, la necesidad de un aumento presupuestario. Sin embargo, se sigue sin reparar en otros aspectos fundamentales que presentan una relación directa con el mantenimiento elevado de las cifras de feminicidios. Las cifras continúan manifestando una gran dificultad de las víctimas al acceso a la justicia, es decir, la mayoría de ellas sigue sin denunciar. Asimismo, las cifras de solicitudes de órdenes de protección siguen siendo mínimas y, en relación con los asesinatos de los niños y niñas, es necesario revisar y mejorar las valoraciones de riesgo efectuadas a las víctimas, ya que suponen un instrumento indispensable en la concesión de las órdenes de protección judiciales. Además, cabe destacar la poca o nula regulación en las medidas del Pacto, así como en instrumentos europeos como la Directiva, sobre las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Actualmente, las mismas son representadas en un 55,6% de las mujeres asesinadas en este 2024 a manos de sus parejas o ex parejas y, en 2023 fueron el 44,8% del total lo cual implica una sobrerrepresentación de las mismas en las cifras de violencia de género. En este sentido, hay que tener en cuenta el total de población extranjera que habita actualmente en España, ya que dicho porcentaje supone mucho más que en relación con el total de mujeres españolas. Sin embargo, no encontramos evaluaciones, revisiones e implicación desde las autoridades en este sentido.

Se requiere una visión interseccional de las violencias sufridas por las mujeres migrantes en la normativa, el reconocimiento específico de las barreras que atraviesan y los mayores impedimentos que presentan a la hora de acceder al sistema judicial. Todo ello, sigue sin ser contemplado en el Pacto estatal contra la Violencia de Género y, tampoco, a nivel autonómico en el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. Es por ello, que se exige la revisión de ambos pactos y la aplicación de políticas públicas dirigidas a mujeres migrantes para garantizar su acceso a todos los recursos de víctimas y el conocimiento del sistema español en materia de violencia de género. Así, se ha venido denunciando desde la Asociación Por Ti Mujer y, junto con la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe a la que pertenece, la necesidad de elaboración de políticas públicas dirigidas a mujeres migrantes víctimas de violencia machista, así como, especialmente, el reconocimiento específico de la mayor violencia e interseccionalidad atravesada en la misma sobre las mujeres de origen extranjero que viven en España.

Por todo ello, nos encontramos en un momento esencial y clave para solicitar que se escuchen las demandas de las entidades que llevan a cabo un trabajo directo con las mujeres víctimas de violencia machista y que atienden a todas estas necesidades y barreras iniciales que atraviesan las mujeres y que impiden el primer acceso a los recursos más esenciales de prevención de la violencia.

Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de Violencia de Género, financiado por Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El contenido de la publicación es de autoría y responsabilidad exclusiva de la Asociación Por Ti Mujer y no refleja, necesariamente, la postura de la GVA.

Autora: Belén Zurita, asesora jurídica de la Asociación Por Ti Mujer
Correo electrónico: juridica@asociacionportimujer.org