El racismo es una realidad presente en las calles, en las instituciones, en el acceso a los derechos fundamentales y en las dinámicas de exclusión que millones de personas enfrentan a diario. El 21 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, recordamos que esta lucha sigue siendo urgente y necesaria. Este mismo día, en 1960, la policía en Sudáfrica abrió fuego, matando a 69 personas en una manifestación pacífica contra la Ley de pases del apartheid. Con ese antecedente, en 1966 la Asamblea General de la ONU proclamó esta fecha para instar a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para erradicar todas las formas de discriminación racial.
El racismo y la discriminación racial son problemas graves que afectan diariamente a millones de personas. Estos se basan en creencias y sesgos sobre la superioridad de un grupo étnico sobre otro, lo que da lugar a conductas o prácticas discriminatorias y/o a persecuciones sociales. Según la definición de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), el racismo se refiere a “la creencia de que, por motivo de la “raza”, el color, el idioma, la religión, la nacionalidad, el origen nacional o étnico, se justifica el desprecio de una persona o grupo de persona o la noción de superioridad de una persona o grupo de personas”. Sin embargo, dado que todos los seres humanos pertenecemos a una misma raza, la ECRI rechaza las teorías que defienden la existencia de “razas” distintas.
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés), establece que la “discriminación racial es la distinción, exclusión, restricción o preferencia, basadas en motivos de “raza”, color, linaje y origen nacional o étnico que tenga como objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Dicha discriminación, directa o indirectamente se articula a través de estereotipos y prejuicios, que colocan a los grupos étnicos y poblacionales en espacios diferenciados a los de la población mayoritaria, tanto sociales como físicos.
En este contexto, los datos incluidos en el “Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España” (Ministerio del Interior, 2023), reflejan la magnitud de este problema. Los delitos de odio motivados por racismo y xenofobia fueron los más numerosos, con un total de 856 hechos registrados, lo que representa el 41,8% del total de denuncias. Este tipo de delitos ha mostrado un incremento del 13,38% con respecto a 2022, lo que indica una persistente y creciente vulnerabilidad de las personas afectadas por estas formas de discriminación. Por su parte, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), registró un total de 2.582 incidentes discriminatorios en 2023.
Uno de los ámbitos donde más se manifiesta la discriminación racial es en el acceso a la vivienda. Según la Segunda encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación EU-MIDIS II (2016), el 23% de las personas encuestadas sufrieron discriminación en el acceso a la vivienda debido a su grupo étnico u origen nacional. Es más, la población romaní y afrodescendiente enfrenta condiciones de vivienda significativamente peores que el resto de la población, tanto a nivel europeo como en España. En comparación con la media europea, los hogares de la población romaní en España presentan condiciones ligeramente mejores. A pesar de ello es destacable que, aún existen deficiencias importantes en la calidad de las viviendas, especialmente en áreas de pobreza y exclusión social. Estos datos resaltan la necesidad de políticas públicas dirigidas a mejorar la accesibilidad y calidad de la vivienda para las minorías étnicas y a abordar las causas subyacentes de la discriminación racial, que se traducen en condiciones de vida desfavorables y marginación social.
La discriminación racial en la vivienda influye directamente en la exclusión residencial, limitando o bloqueando tanto el acceso a una vivienda como la permanencia en la misma. Esta discriminación suele manifestarse de manera oculta, mediante excusas, cambios en las condiciones de arrendamiento, aumento de los requisitos para acceder a la vivienda o, incluso, mediante la no renovación de los contratos de alquiler, lo que dificulta el mantenimiento de la residencia. De este modo, las personas pertenecientes a aquellos grupos étnicos o poblacionales enfrentan un riesgo elevado de exclusión residencial, lo que puede derivar en situaciones de infravivienda, sobreocupación o hacinamiento.
Es importante señalar que, dentro de este contexto, las mujeres enfrentan una doble discriminación, debido a las dinámicas interseccionales que combinan el racismo con el machismo. Las mujeres, especialmente aquellas que pertenecen a grupos étnicos y/o religiosos minoritarios, sufren no solo las barreras relacionadas con ello, sino también la discriminación basada en género, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad más profunda. En numerosas ocasiones, la falta de alternativas económicas obliga a las mujeres a aceptar condiciones de vivienda precarias, lo que profundiza su vulnerabilidad social y económica. Además, el derecho a una vivienda digna para las mujeres víctimas de violencia de género puede verse restringido debido a la falta de políticas públicas eficaces que lo garanticen en este ámbito.
Asimismo, existe una falta generalizada de denuncias sobre estos casos de discriminación, en gran parte debido a la dificultad de aportar pruebas claras que evidencien tales actos discriminatorios. El miedo a la represalia o la estigmatización también juega un papel crucial en la falta de denuncias. Las personas afectadas por la discriminación racial pueden temer ser rechazadas por su comunidad o perder acceso a otros servicios básicos si se identifican como víctimas de prácticas discriminatorias. Este temor, combinado con la falta de pruebas evidentes, genera un círculo vicioso en el que la discriminación continúa sin ser visibilizada ni abordada adecuadamente.
Las consecuencias de esta discriminación son profundas y afectan la calidad de vida de las personas en múltiples dimensiones. En primer lugar, el impacto inmediato sobre el bienestar físico y emocional de los y las afectadas es significativo, ya que experimentan un aumento de la inseguridad y la incertidumbre debido a la constante amenaza de ser desplazados o de no poder acceder a una vivienda. Este sentimiento de vulnerabilidad también puede contribuir al aislamiento social, ya que muchas veces se ven forzadas a vivir en áreas segregadas y marginadas, donde los recursos son limitados y la cohesión social escasa. En el caso de las mujeres, este aislamiento se acentúa, ya que su situación de desventaja económica y social las deja en una posición de mayor vulnerabilidad, donde las alternativas de acceso a una vivienda digna son aún más reducidas. En este contexto, la discriminación racial y de género refuerzan las desigualdades, generando barreras adicionales para lograr una plena inclusión y participación en la sociedad.
Ante esta realidad, se hace evidente que la discriminación racial continúa siendo un desafío urgente y persistente en nuestras sociedades, afectando de manera significativa el acceso a derechos fundamentales, como la vivienda, especialmente para mujeres migrantes y/o racializadas. A pesar de los esfuerzos por erradicar estas injusticias, las prácticas discriminatorias siguen limitando las oportunidades de las personas más vulnerables, perpetuando su marginación social y económica.
Es esencial que las políticas públicas no solo reconozcan la existencia de estas problemáticas, sino que implementen medidas efectivas que garanticen un acceso equitativo y digno a la vivienda, promoviendo la inclusión y combatiendo las múltiples formas de discriminación que afectan a las comunidades más desfavorecidas. Solo a través de un compromiso real y acciones concretas podemos avanzar hacia una sociedad más justa, donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir en condiciones de igualdad y dignidad.
Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de Violencia de Género (Fase VI, continuidad), financiado por Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El contenido de la publicación es de autoría y responsabilidad exclusiva de la Asociación Por Ti Mujer y no refleja, necesariamente, la postura de la GVA.
Autora: Paula Campandegui, psicóloga de la Asociación Por Ti Mujer. psicologa@asociacionportimujer.org
Referencias
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