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El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha en la que no solo alzamos la voz por los derechos laborales, sino también visibilizamos a quienes aún están lejos de poder ejercerlos, entre las que se encuentran las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género. Para estas mujeres, el empleo no es solo una meta profesional: es una necesidad vital para reconstruirse, romper con el ciclo de la violencia y comenzar a tomar sus propias decisiones de manera libre. No obstante, son ellas quienes enfrentan mayores barreras para acceder a un trabajo en condiciones justas, y, por eso, su realidad no puede seguir siendo invisible en un día que habla de derechos, justicia social y dignidad en el trabajo.

En días como este, debemos hablar de la doble vulnerabilidad que sufren estas mujeres ya que no solo son víctimas de violencia de género, sino que también se enfrentan a una situación de mayor vulnerabilidad por su condición migratoria. El proceso migratorio acentúa el riesgo debido a la falta de redes de apoyo, el miedo a denunciar, la violencia institucional y la pérdida de independencia económica por falta de ingresos. Además, la situación administrativa irregular muchas veces las excluye del acceso al mercado laboral, y el desconocimiento de sus derechos laborales las deja en una situación todavía más compleja. En consecuencia, muchas se ven atrapadas en un ciclo de dependencia económica que les impide romper con la relación de abuso.

Si bien el empleo no es la solución para poner fin a una situación de violencia de género, sí puede ser una herramienta clave en el proceso de recuperación de las mujeres, donde resulta fundamental reconstruir su autonomía económica.

A pesar de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece bonificaciones a las empresas que contraten a mujeres supervivientes de violencia de género, las cifras más recientes muestran que de los 7.204.223 contratos a mujeres que se realizaron en 2023, solo 785 se firmaron con mujeres supervivientes por violencia de género.

Por ello, resulta esencial que las políticas laborales y de inclusión social se adapten a las realidades de las mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión. Muchas mujeres han estado años fuera del mercado laboral por el control que han ejercido sus agresores hacia ellas, y esto dificulta aún más su reincorporación. También hacen frente a la estigmatización en el entorno laboral, donde pueden ser vistas como personas “conflictivas” o “dependientes”. A esto se añade la incompatibilidad de horarios por las cargas familiares y la necesidad de movilidad o cambio de residencia por razones de seguridad, lo que dificulta la estabilidad laboral. Sin duda, esto da lugar a que los puestos a los que logran acceder, si es que lo consiguen, son precarios, mal remunerados y en condiciones de inseguridad laboral. Así pues, se necesita ofrecer formación, recursos y apoyo psicológico para poder insertarse en el mercado laboral con seguridad y confianza. Es urgente promover un acompañamiento integral que incluya asesoramiento legal, atención psicosocial y colaboración con empresas comprometidas con la creación de puestos de trabajo seguros y con condiciones laborales dignas.

Existen iniciativas para mejorar esta situación, como los programas de inserción laboral del Instituto de la Mujer y la bonificación para empresas que contraten a mujeres supervivientes de violencia de género. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer. Algunas propuestas clave incluyen:

• Mayor compromiso empresarial: creación de protocolos laborales de apoyo y acompañamiento y sensibilización sobre los procesos de recuperación.
• Formación y capacitación: acceso a programas de formación específicos para mejorar la empleabilidad de estas mujeres.
• Redes de apoyo: coordinación entre administraciones públicas y empresas para garantizar oportunidades laborales estables.

El empleo digno debe ser un derecho accesible para todas, independientemente de su situación personal o migratoria. Las políticas públicas deben garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género puedan tener acceso a permisos de residencia y trabajo, para que puedan reconstruir su vida sin miedo a ser expulsadas del país.

Con todo ello, es fundamental visibilizar y abordar esta realidad con políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y el acceso al empleo digno. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, donde todas las mujeres tengan la posibilidad de vivir libres de violencia y con el poder de decidir su futuro.

Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de Violencia de Género (Fase VI, continuidad), financiado por Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda de la Generalitat Valenciana, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El contenido de la publicación es de autoría y responsabilidad exclusiva de la Asociación Por Ti Mujer y no refleja, necesariamente, la postura de la GVA.

Autora:
Paula Remesal
Área de Empleo
empleo@asociacionportimujer.org