El Día Mundial contra la Trata de Personas fue designado el 30 de julio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 68/192 de 18 de diciembre de 2013, con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre este grave delito que amenaza a los derechos humanos, entre ellos la libertad, dignidad e integridad física y psíquica de las personas, y que, a través del uso de la fuerza u otras forma de coerción, engaño o fraude, abuso de poder o situación de vulnerabilidad, tiene como finalidad la explotación de cualquier índole. Según informes de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las más comunes son: de tipo sexual (38,7%), trabajos forzosos (38,8%), esclavitud o prácticas análogas, servidumbre o extracción de órganos, entre otras.
Esta forma de comercio de seres humanos tiene alcance transnacional y generalmente se ejecuta por redes de crimen organizado, afectando a gran parte de países en el mundo, ya sea como punto de origen, tránsito o destino.
La trata de personas es un fenómeno altamente complejo que, debido al incremento de los flujos migratorios a partir de la década de los setenta, ha sido confundido con otras problemáticas como el tráfico de personas. Implica la ejecución de varios actos como la captación, transporte, traslado, recepción, acogida y cada uno constituye una transgresión a los derechos de las personas. Es multifacético y extremadamente violento, por lo que conlleva consecuencias negativas para la víctima y dificulta el desarrollo socioeconómico del país.
Según datos de la UNODC, este delito es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, junto con el tráfico de drogas y de armas, con aproximadamente 400 millones de euros en beneficios. Tiene mayor incidencia en mujeres adultas y niñas (42% mujeres respecto a 23% hombres), quienes son particularmente vulnerables por factores como la desigualdad de género, segregación ocupacional, pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades económicas. Dichas vulnerabilidades se exacerban en el caso de mujeres migrantes, a las que se suma el desconocimiento del idioma y de las leyes e instancias a las que pueden acudir para pedir ayuda, la falta de redes de apoyo, la discriminación, el racismo institucional, las políticas cada vez más restrictivas que acarrean situaciones de irregularidad migratoria. Este último factor aunado a la dificultad en la detección e identificación de víctimas, coadyuva al subregistro de casos, obstaculiza la determinación de la magnitud del delito y así también, la respuesta efectiva de los sistemas internos y de la cooperación internacional. Es así como la trata de personas se ha convertido en un fenómeno fuertemente vinculado a procesos migratorios, que se nutre y fomenta la explotación de grupos marginalizados y vulnerabilizados desde sus países de origen.
Hablar sobre trata de personas implica desvelar un problema de desigualdad social estructural, reconocer la existencia de sistemas patriarcales que sitúan a la mujer como objeto de dominación y lucro, asumir la existencia de formas de esclavitud contemporánea que han logrado adaptarse a los cambios sociales producto de la globalización capitalista; y, debido a su alcance internacional, requiere la creación de estrategias conjuntas a nivel mundial, alineadas a la perspectiva de derechos humanos, género, e interculturalidad.
Finalmente, es indispensable resaltar que la participación de las entidades del tercer sector en la lucha contra el delito de trata de personas es clave en aras de abordar el problema de manera integral desde un enfoque de prevención, sensibilización y reintegración de las víctimas. Sin embargo, su accionar directo y especializado, no suple la responsabilidad principal del Estado respecto al establecimiento de un plan de respuesta efectiva orientado a la reducción de vulnerabilidades y fortalecimiento institucional, a través de normativa robusta y políticas públicas enfocadas a la protección de las víctimas y sanción del delito.
Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de Violencia de Género, financiado por Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El contenido de la publicación es de autoría y responsabilidad exclusiva de la Asociación Por Ti Mujer y no refleja, necesariamente, la postura de la GVA.
Autora: Ana Freire Jácome, asesora jurídica de la Asociación Por Ti Mujer.
Correo electrónico: juridica@asociacionportimujer.org
Referencias:
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- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). Informe mundial sobre la trata de personas 2022: puntos especiales de interés. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/Puntos_Especiales_de_Interes.pdf
- Boletín Oficial del Estado. (2003). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22719
- Reina Peñas, María. (2019). Análisis del fenómeno de la trata de personas desde la perspectiva de derechos humanos. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 107 mayo-agosto 2019. Disponible en: https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/11310/10945
- Torres Falcón, Marta. (2016). El nuevo rostro de un viejo fenómeno: la trata de personas con fines de explotación sexual y los derechos humanos. Sociológica (México), 31(89), 95-129. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732016000300095&script=sci_arttext
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