El 10 de octubre se constituye como el Día Mundial de la Salud Mental, un momento crucial para visibilizar la importancia del bienestar psicológico y su impacto en la calidad de vida de las personas.
La salud mental es un componente esencial del bienestar integral y se define, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “un estado de bienestar mental en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. Esto implica que la salud mental no se limita únicamente a la ausencia de problemas psicológicos, sino que abarca la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el acceso a tratamientos integrales que favorezcan la recuperación de las personas.
A nivel mundial, los trastornos mentales afectan a una proporción considerable de la población. La OMS estima que una de cada ocho personas padece algún trastorno mental, lo que equivale a más de 970 millones de personas en todo el mundo (OMS, 2019). Es más, casi 3 millones de personas tienen un diagnóstico de depresión en España, lo que la convierte en el trastorno mental más prevalente en nuestro país (Fundamed, 2021).
A pesar del incremento en la concienciación sobre la salud mental, los sistemas de salud han fracasado en responder efectivamente a las necesidades de quienes padecen estos trastornos y, a menudo, carecen de los recursos necesarios. Existe una brecha significativa entre la demanda de tratamiento y su disponibilidad, y cuando esta se ofrece, con frecuencia es de baja calidad (OMS, 2022). Alarmantemente, menos del 25% de las personas afectadas reciben un diagnóstico y tratamiento adecuado, considerando la alta prevalencia de estos trastornos.
Las amenazas a la salud mental a nivel global son constantes. Factores como las crecientes desigualdades sociales y económicas, los conflictos armados prolongados, la violencia y las emergencias de salud pública no solo obstaculizan el progreso hacia el bienestar, sino que también agravan problemas existentes. Estas circunstancias, combinadas con factores individuales, familiares y comunitarios, ejercen una presión significativa sobre la salud mental, creando un entorno propenso al desarrollo de problemas psicológicos. Por lo tanto, es fundamental abordar la salud mental desde una perspectiva integral que contemple no sólo al individuo, sino también a los contextos sociales y estructurales que la condicionan.
En 2020, los problemas psicológicos más comunes fueron la ansiedad y la depresión, con una notable disparidad en la prevalencia entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes presentan una mayor incidencia en ambas condiciones. Además, un porcentaje significativo de la población ha recurrido al uso de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos (Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, 2022-2026). De hecho, en 2023, España fue identificada como el país con el mayor consumo de ansiolíticos, según el informe de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas.
El aumento en el consumo de psicofármacos revela una tendencia preocupante hacia la sobremedicalización de los problemas de salud mental, desviando la atención de sus causas subyacentes. La sobremedicalización no solo simplifica la complejidad de los problemas psicológicos, sino que conlleva a intervenciones superficiales. Cuando el enfoque se limita a un tratamiento meramente médico, se corre el riesgo de ignorar factores cruciales que afectan la salud mental, como el entorno social y las condiciones estructurales que contribuyen al sufrimiento. Es necesario, entonces, reconocer la importancia de alternativas terapéuticas no farmacológicas, como la terapia psicológica o el apoyo comunitario, que muchas veces son inaccesibles o insuficientemente promovidas.
Este fenómeno se agrava cuando analizamos grupos específicos, como las mujeres migrantes y víctimas de violencia de género, que enfrentan condiciones particularmente complejas. Como entidad que trabaja con mujeres migrantes y víctimas de violencia de género, sabemos que las mujeres enfrentan una serie desafíos únicos que impactan su bienestar emocional, desde el desplazamiento forzado de su país de origen hasta la violencia sufrida, junto con situaciones de discriminación y vulnerabilidad en el país de acogida. A pesar de ello, los diagnósticos siguen realizándose bajo una perspectiva limitada a estereotipos y roles de género, lo cual limita la capacidad de las mujeres para asumir un papel activo en la mejora de sus condiciones de vida, perpetuando así situaciones de vulnerabilidad.
Bajo estas circunstancias, es fundamental adoptar un enfoque interseccional que integre la perspectiva de género. Este enfoque debe ir más allá de la atención médica convencional, incluyendo una comprensión integral de los factores sociales, económicos y culturales que impactan la salud mental de la población. Además, es crucial que el Sistema de Salud Pública disponga de recursos necesarios para atender de manera efectiva a quienes enfrentan problemas de salud mental. Para ello, es imperativo fortalecer la capacitación de los profesionales de atención directa y aumentar la proporción de psicólogas y psicólogos por habitante. Esto garantizará que cada persona reciba una intervención psicológica más profunda y de calidad, adaptada a sus necesidades individuales.
En conclusión, es crucial reconocer la urgencia de un compromiso sostenido que garantice que todas las personas, especialmente aquellas en situaciones vulnerables, puedan tener acceso a una atención de calidad. La salud mental no sólo debe considerarse como un tema de bienestar, sino como un derecho fundamental que debe ser protegido por todas las políticas de salud pública. Además de la capacitación de los profesionales de salud mental, es necesario fomentar campañas de sensibilización para reducir el estigma asociado a los tratamientos psicológicos no farmacológicos y mejorar el acceso a intervenciones comunitarias, garantizando un apoyo integral a las personas afectadas.
Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de Violencia de Género, financiado por Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El contenido de la publicación es de autoría y responsabilidad exclusiva de la Asociación Por Ti Mujer y no refleja, necesariamente, la postura de la GVA.
Autora: Paula Campandegui Vicente, Psicóloga de la Asociación Por Ti Mujer
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