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Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, cabe recordar lo ocurrido el pasado 29 de octubre de 2024 cuando Valencia sufrió la mayor catástrofe natural conocida hasta la fecha. La DANA (depresión aislada en niveles altos) inundó y desbordó varios ríos de l’Horta Sud, provocando que el agua arrasara e hiciera desaparecer miles de hogares y negocios. Sin embargo, la mayor tragedia acaecida ese día y en los días posteriores fue las más de 200 muertes decretadas oficialmente y el elevado número de personas desaparecidas.

El artículo 1 de la conocida Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto se complementa por el artículo 7 que reconoce que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. A pesar de estos principios universales, desgraciadamente, muchas personas siguen sin ver materializada dicha igualdad ante situaciones de alta vulnerabilidad como es la ocasionada tras el hecho mencionado anteriormente. Concretamente, son las mujeres migrantes, que previamente atravesaban una situación de alta vulnerabilidad, las que en estos momentos se encuentran abandonadas social e institucionalmente ya que no pueden acceder a las medidas y ayudas que desde la administración se están gestionando.

Principalmente, cabe preguntarse qué ocurre con aquellas mujeres migrantes que han desaparecido estando en situación de irregularidad administrativa. Estas mujeres, al no estar empadronadas, vivir en inmuebles de alquiler sin registrar, verse limitadas a tener un trabajo informal y precario, y ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral, están sumidas en la invisibilidad institucional.

Ante dicha situación, en estos momentos aún hay mujeres desaparecidas e ilocalizables, sin que sus casos hayan sido reportados a la policía para iniciar la búsqueda de sus cuerpos o su posible localización. Esto evidencia que, en un contexto de catástrofe, cientos de mujeres migrantes que ya se encontraban al margen del sistema quedan, también, al margen de la sociedad. La falta de regularidad migratoria, documentación oficial y redes de apoyo retrasa o incluso impide la activación de los protocolos de búsqueda y rescate, así como el acceso a recursos legales y sociales de auxilio durante y después de la catástrofe.

Actualmente, no existen medidas en los protocolos de emergencia y en la atención urgente que contemple qué ocurre cuándo se manifiesta una situación así. La consecuencia de todo ello es que, no se esté notificando a las autoridades las desapariciones de muchas de estas mujeres.

A día de hoy, hay mujeres que no se han podido localizar y se desconoce dónde y cómo se encuentran. Además, no existen mecanismos para que las personas que puedan tener conocimiento de estas desapariciones informen a las autoridades sin temor a represalias. De esta manera, estas mujeres quedan a expensas de hallazgos casuales o la buena voluntad de personas que se preocupan y se exponen para notificar la desaparición, una situación que dificulta enormemente la implementación de estrategias integrales que garanticen la seguridad y la dignidad de todas las personas afectadas por este suceso, sin excepción.

Para hacer frente a los retos característicos del proceso de reconstrucción posteriores al desastre y restablecer los medios y condiciones de vida de la población, es indispensable llevar a cabo acciones que busquen la colaboración con entidades u otros organismos de la administración para que todas aquellas personas de las zonas afectadas sin registro, puedan ser localizadas. Asimismo, es esencial informar y garantizar a las personas migrantes en situación administrativa irregular que pueden acudir a las autoridades sin temor y forma segura, facilitando la denuncia de desapariciones.

Finalmente, permitir la regularización de estas personas debe considerarse una estrategia para reforzar la capacidad colectiva de recuperación. La búsqueda y participación activa de las mujeres migrantes en las próximas etapas de reconstrucción y la obligación de protección de las mismas en estos momentos, es sin duda alguna, un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos.

Este artículo ha sido desarrollado en el marco del programa Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de Violencia de Género, financiado por Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El contenido de la publicación es de autoría y responsabilidad exclusiva de la Asociación Por Ti Mujer y no refleja, necesariamente, la postura de la GVA.

Autoras: Ana Freire y Belén Zurita
Área jurídica de la Asociación Por Ti Mujer
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