Blog

Con motivo del Día Internacional del Cuidado (29 de octubre) desde la Asociación Por Ti Mujer nos unimos a la campaña de sensibilización para dar visibilidad a este importante colectivo y, a la vez, poner el foco en las graves carencias que sufre.

Los Cuidados en la sociedad juegan un papel fundamental en el equilibrio social, particularmente en el contexto de la división de género en el trabajo. Durante mucho tiempo, las actividades de cuidado, que históricamente han recaído en las mujeres en el ámbito doméstico, han sido subvaloradas y subestimadas. Sin embargo, la teoría feminista ha contribuido significativamente a visibilizar y valorar el trabajo de cuidado, argumentando que es esencial tanto para mantener la vida como para permitir que la esfera productiva funcione. Esta perspectiva ha dado paso a una reconsideración del papel de los cuidados en la sociedad.

Los cuidados no remunerados, aquellos realizados en el seno del hogar, representan un componente vital de la economía global. Numerosos estudios han intentado cuantificar su valor económico, y la conclusión es clara: estos cuidados representan una contribución significativa al bienestar de la sociedad en general. Su inclusión en la esfera productiva, con una adecuada valoración económica, promovería una mayor igualdad y reconocimiento social de estas actividades.

A pesar de la importancia crítica de los cuidados, la desigualdad de género persiste en este ámbito. La división sexual del trabajo, la falta de reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado, la ausencia de igualdad en la distribución de responsabilidades, y la carencia de recursos públicos para apoyar la conciliación laboral y familiar son factores fundamentales que contribuyen a la desigualdad de género. La redistribución de estas responsabilidades y la promoción de políticas de igualdad son cruciales para avanzar en la igualdad de género.

Para abordar este tema, es esencial adoptar una perspectiva amplia de los cuidados que abarque actividades como la limpieza, la alimentación, el cuidado de niños y personas dependientes, así como el trabajo emocional y la gestión de la unidad familiar. Los cuidados son necesarios a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas y deben ser considerados una responsabilidad compartida que trasciende el género. Abordar la problemática de los cuidados desde una perspectiva de género e interseccional es esencial, ya que las mujeres migrantes empleadas en el ámbito doméstico a menudo enfrentan condiciones precarias debido a la triple discriminación que experimentan: por género, clase y condición migratoria.

El sector de cuidados emplea mayoritariamente a mujeres, y este fenómeno es global. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que más de 249 millones de mujeres en todo el mundo trabajan en actividades de cuidado remunerado, lo que representa el 19.3% del empleo femenino a nivel global y el 11.5% del empleo mundial total. A pesar de su importancia, las condiciones de trabajo en este sector suelen ser precarias, con bajos salarios, falta de protección social y exposición a la explotación. Las trabajadoras del hogar son particularmente vulnerables a estas desigualdades.

Una de cada cinco personas trabajadoras del hogar es migrante, lo que refleja la migración de mujeres trabajadoras del hogar de un país a otro. Esto se debe a la alta demanda de trabajadores y trabajadoras de cuidados en países más ricos, impulsada por el envejecimiento de la población y la falta de políticas públicas adecuadas para los cuidados. Las cadenas globales de cuidado se basan en la transferencia de trabajos de cuidados entre hogares en diferentes países, lo que crea una red transnacional de cuidados.

Cada cadena de cuidados consta de tres eslabones principales: el hogar empleador que contrata a una trabajadora del hogar, la trabajadora migrante que presta servicios de cuidado en el país de destino y, al mismo tiempo, transfiere algunos cuidados a otra persona en su país de origen, y el hogar en el país de origen que depende de los cuidados proporcionados por la trabajadora migrante. Esta compleja interconexión entre hogares y países subraya cómo las mujeres migrantes desempeñan un papel crucial en la provisión de cuidados a nivel global.

La migración de mujeres trabajadoras del hogar se ha convertido en una solución a la “crisis de los cuidados” en países occidentales. La creciente demanda de trabajadores y trabajadoras de cuidados debido a cambios demográficos y a la incorporación laboral de más mujeres ha llevado a la externalización y mercantilización de este trabajo. Esto ha sido acompañado por la migración transnacional de mujeres para llenar este vacío, lo que demuestra cómo las dinámicas de género y migración están intrínsecamente vinculadas.

A pesar de la creciente demanda de trabajadores de cuidados, el sector sigue enfrentando problemas estructurales, como la falta de regulación laboral y la ausencia de políticas de bienestar social que aborden adecuadamente las necesidades de cuidados. Esta desigualdad es particularmente evidente en el trato a las mujeres migrantes que trabajan en el ámbito del empleo doméstico.

La figura de la trabajadora del cuidado en España es una noción relativamente reciente que se formalizó en 2006, en paralelo al desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia. Esta ley estableció por primera vez el derecho de todas las personas a recibir cuidados hasta sus últimos días. Aunque España siempre ha tenido una fuerte tradición de cuidado familiar, en los últimos años, el sector profesional de cuidados ha sumado más de 600,000 personas, de las cuales aproximadamente 274,000 atienden a los mayores en sus propios domicilios y alrededor de 346,000 trabajan en residencias.

Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, las condiciones laborales de estas trabajadoras son desafiantes. Sus sueldos se sitúan en la parte baja de las tablas salariales, y sus tasas de temporalidad y parcialidad superan la media de cualquier otra profesión. Además, los riesgos físicos y psicológicos a los que se enfrentan, aunque son numerosos, a menudo no están reconocidos. La profesión del cuidado es, en muchos aspectos, una tarea profesional invisible y desequilibrada, donde las mujeres continúan representando casi el 90% de la fuerza laboral. Es importante destacar que la elección de estas mujeres de dedicarse al cuidado es un acto notable.

Es por esta situación tan desigual que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realiza el Convenio nº 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos en 2011. Este Convenio pretende garantizar condiciones laborales justas y proteger los derechos de las empleadas del hogar o de los cuidados y reconoce la vulnerabilidad particular de las mujeres migrantes que desempeñan estas funciones. Entre sus disposiciones se incluyen la regulación de contratos, condiciones de empleo, igualdad de trato, y la prohibición de la discriminación de género. El Convenio también aborda cuestiones como la protección contra el abuso, la seguridad en el trabajo y el acceso a la seguridad social, contribuyendo así a mejorar la situación de las trabajadoras migrantes empleadas en todo el mundo. Sin embargo, aún habiendo sido ratificado por el Estado español recientemente, todavía no se han implementado correctamente todas las anteriores disposiciones del Convenio, puesto que la desigualdad que sufre ese sector está todavía latente.

Y es que, el sector de los cuidados en España ha tenido una historia de carencias en términos de presupuesto, representando apenas el 0.7% del PIB, y ha sido descoordinado, con cada una de las 17 comunidades autónomas gestionando los cuidados a su manera. Esto ha llevado a que, durante años, la atención a los dependientes haya recaído principalmente en las familias y en cuidadoras informales.

A lo largo del tiempo, el sistema de cuidados se ha profesionalizado, pero con una particularidad: a pesar de ser un servicio público, al igual que la sanidad y la educación, está gestionado en su mayoría por empresas privadas. En contraste con la sanidad, donde casi el 80% de la gestión es pública, en el ámbito de la dependencia, el 77% es gestionado de manera privada frente al 23% de empleo público.

En este contexto, son las empresas las que compiten por los contratos públicos que se renuevan periódicamente en concursos donde la oferta más económica suele ganar. Factor relevante para explicar dichas carencias a las que se enfrentan las trabajadoras de cuidados.

Teniendo en cuenta los salarios de los últimos años, podemos observar un pequeño incremento en los sueldos. En 2021, el salario base al mes se fijaba en 984 euros, 7,85 euros la hora. Actualmente, en el presente 2023, nos situamos en un salario mensual de 1.080 € brutos con 14 pagas, o 1,260 € brutos con 12 pagas, incluyendo pagas extras, lo que equivale a un salario por hora de 8,45 euros la hora. Es decir que ha habido un incremento del 7,64% en los salarios de estas trabajadoras. Este aumento, aunque sea positivo, sigue siendo insuficiente.

Además de recibir salarios más bajos, las trabajadoras de cuidados también experimentan una mayor precariedad laboral. Según el informe “Esenciales y sin derechos” publicado por Oxfam en 2021, el 32% de sus contratos son temporales, en comparación con el promedio español del 22%, y el 24% son a tiempo parcial, de muy pocas horas, en comparación con el 14.6% en general. Otros estudios incluso elevan la parcialidad al 60%. Estas jornadas laborales, a menudo fragmentadas en turnos partidos, son la norma en la profesión.

Toda esta sobrecarga laboral se traduce en una serie de dolencias físicas, como lesiones de espalda, hernias discales, daños en el cuello y los brazos, así como en problemas psicológicos, incluyendo estrés, depresión y ansiedad. Esto convierte al trabajo de cuidados en una de las profesiones con mayor absentismo debido a bajas médicas. A pesar de esto, ninguno de estos riesgos está catalogado, no existen planes de prevención y rara vez se reconocen como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Esto significa que las trabajadoras de cuidados a menudo se ven obligadas a soportar dolores físicos y psicológicos sin recibir la atención necesaria.

Por tanto, las trabajadoras y los sindicatos llevan tiempo defendiendo que la gestión de la dependencia, al igual que la sanidad y la educación, debería ser pública. Sostienen que, si fueran empleadas públicas, mejorarían sus condiciones laborales, ya que, según un estudio de la Universidad de Valencia, la diferencia salarial entre una cuidadora pública y una subcontratada puede ser hasta un 15% superior. Además, argumentan que esto llevaría a una mejora en la calidad de los cuidados prestados.

Se estima que aproximadamente 600,000 mujeres trabajan en el sector doméstico en España, pero solo alrededor de 400,000 cotizan a la Seguridad Social. El resto subsiste en un mercado sin reglas, donde abundan las madres solteras, en su mayoría de América Latina y en situación irregular. Muchas llegan como turistas y prolongan su estancia más allá de los tres meses legales, sin permiso de trabajo y con la urgencia de ganar un dinero fijo para poder enviarlo a sus hijos, lo que encuentran en la informalidad de los hogares. Esto significa que las mujeres migrantes y las familias españolas se sostienen mutuamente a espaldas del Estado, ya que son estas las que asumen una parte significativa de la carga de los cuidados.

Otro problema que supone el anterior factor, es la clasificación casi automática de que una mujer inmigrante al llegar al territorio español termina trabajando en dicho sector. Incluso las mujeres con títulos universitarios en otros sectores acaban subsumidas en este ámbito, y esto se debe en parte a las graves dificultades que tienen para regularizar sus situaciones en España, convalidar sus estudios y la falta de oportunidades laborales. Al final su única opción para sobrevivir es coger cualquier trabajo que consigan, sin ningún tipo de seguridad y con el miedo de ser sancionadas por trabajar irregularmente.

Y es que lo primero que se encuentran las personas migrantes al llegar al territorio español, son barreras constantes. Barreras culturales, barreras burocráticas, barreras laborales, barreras sociales, barreras para la vivienda, etc. El principal problema es que para que una persona consiga un permiso de trabajo, debe estar empadronado en el territorio español por un largo periodo de tiempo. Durante dicho periodo, se supone que tiene que subsistir de sus propios ahorros, pero por supuesto, esto en muchos casos es inviable. Factor que origina que las personas migrantes tengan que aceptar trabajos precarios, donde no tienen derecho alguno. Dichos trabajos en su mayoría se clasifican dentro del sector de los cuidados. Y a pesar de que ésto sea vox populi, no se establecen las medidas de protección necesarias. Algo que desde hace años las asociaciones venimos denunciando para que esas graves desigualdades lleguen a desaparecer.

El trabajo de cuidados, incluyendo el empleo doméstico y las cadenas globales de cuidado, es un tema complejo que está fuertemente influenciado por factores de género, migración, desigualdad económica y políticas de bienestar social. La migración de mujeres trabajadoras del hogar es una solución a la creciente demanda de cuidados en países occidentales, pero a menudo enfrentan condiciones laborales precarias y falta de derechos laborales. Para abordar estas problemáticas, es esencial reconocer el valor del trabajo de cuidados, promover políticas de conciliación, mejorar la regulación laboral y abordar la desigualdad económica.

Con todo ello, reconocer el trabajo de la población migrante es esencial, puesto que forma parte de los pilares fundamentales de la sociedad. La legislación en materia de Extranjería debe permitir el acceso y el reconocimiento de este trabajo y dejar de contribuir a que se sostenga la situación de economía sumergida a la que se aboca a las mujeres durante los primeros años de estancia en España y que es el factor que perpetúa la irregularidad y la inseguridad en el trabajo de hogar y cuidados. En conclusión, esto supondría un beneficio tanto para las trabajadoras como para las familias que dependen de sus servicios de cuidado.

Autora: Marta Fernández, estudiante de Derecho en prácticas y Equipo Jurídico de la Asociación Por Ti Mujer.

Más información:
963 94 19 17 | 660 74 52 96
juridica@asociacionportimujer.org

REFERENCIAS

https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2020/12/Estudio-Mujer-inmigrante-y-empleo-de-hogar-FMP-2020.pdf

https://www.equaltimes.org/espana-amplia-los-derechos-de-las?lang=es

https://www.equaltimes.org/mucho-valor-poco-precio-el-sector

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189