Como describió la filósofa Adela Cortina en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre, la aporofobia es el odio o rechazo generalizado hacia la pobreza o, más concretamente, hacia las personas en situación de pobreza. A raíz de ese sentimiento, se han desarrollado a nivel mundial dinámicas discriminatorias que, desde una perspectiva interseccional, se entrecruzan con el racismo y la xenofobia, acentuándose en los procesos migratorios.
Es imprescindible introducir una mirada general, ya que la globalización extiende los procesos internos de sociedades concretas a unos niveles masivos y extensos. En el panorama actual regido por el neoliberalismo, las sociedades se desarrollan en torno al capital, como promotoras del consumo y en búsqueda activa del beneficio económico. Por ello, se genera un sentimiento de rechazo hacia las personas que, por su situación, no pueden participar activamente en una sociedad individualista y basada en el intercambio.
La consolidación del sistema capitalista transnacional vulnera los derechos fundamentales de las personas y la distribución no equitativa de la riqueza a nivel mundial tiene como consecuencia el empobrecimiento del Sur y de los grupos que lo habitan. Mujeres, jóvenes, niñas y niños sufren la peor parte de esta discriminación.
La movilidad humana, a la par que, perseguida y violentada, está siendo forzosamente necesaria para encontrar un refugio que garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos. No obstante, la idea que abunda en el imaginario colectivo del “otro intruso” continúa generando, en los países más ricos o países del Norte, conductas racistas y vulneraciones de dichos derechos y de muchos otros.
Como dice Judith Salgado en su artículo Globalización, migración y Derechos Humanos, las fronteras se abren para el movimiento del capital, mientras que se blindan para impedir la movilidad humana. Pero no es algo que suceda exclusivamente a nivel mundial, la relación Norte-Sur se da, tanto a nivel continental, como a nivel de estado e, incluso, a nivel regional.
Se podría, por tanto, relacionar la discriminación con la globalización, entendida como un proceso facilitador de interconexión y accesibilidad a los recursos e información desde la posición de la persona que busca oportunidades. A su vez, es percibida como una amenaza para aquellas personas que han de compartir, ceder y, en definitiva, perder privilegios.
Todo lo anterior marca el punto de inflexión, mediante el cual se generan percepciones segregadas y discriminatorias hacia las personas en función de su origen o procedencia. Encontramos países emisores y países receptores, diferenciados por dos tipos de recepción: la que “interesa” y la que “no interesa”. La base de esa diferencia es la conjunción entre aporofobia y racismo, permitir y facilitar la entrada e inserción a las personas que generan xenofilia, mientras que se dificulta y rechaza a las personas percibidas como pobres, los que molestan.
Esto se encuentra condicionado por los estigmas que arrastra el colectivo de personas inmigrantes provenientes de países históricamente reconocidos como pobres. Pobres desde la perspectiva capitalista neoliberal, ya que son la fuente primordial de las materias primas sobre las que basan su economía los países enriquecidos por dicho sistema capitalista.
Por tanto, existe un entramado de discriminación y exclusión, basado en la percepción del “otro” inferior y desvalorizado, que comienza a nivel conceptual, se extiende a través de las expectativas que la población receptora genera y culmina en los actos que se llevan a cabo. Los delitos y discursos de odio son la herramienta primordial de estigmatización, a través de las que se deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en blanco de la violencia, la hostilidad, el rechazo y la discriminación.
Esta concepción peyorativa del “otro” se reproduce a través de la trasmisión cultural cimentada en la conservación del poder y promovida por la identidad dominante. El papel del Estado es fundamental, ha de garantizar el cumplimiento y reconocimiento de la universalidad de los Derechos Humanos por encima de cualquier otra cosa. Un Estado que no se comprometa con esto, es un Estado cómplice que, enalteciendo las políticas económicas y migratorias, condena a la exclusión y clandestinidad, a través de la restricción al derecho al trabajo, educación, sanidad, vivienda, etc.
La situación administrativa parece ser es un elemento clave para poder garantizar la condición de ciudadano/a y los derechos y libertades que ello conlleva. La irregularidad administrativa posiciona a las personas inmigrantes en una situación de vulnerabilidad extrema, la cual está propiciada por las propias políticas de inmigración estatales, las cuales dificultan e impiden los procesos de extensión de la regularidad.
En definitiva, no se puede entender el racismo como un hecho aislado, que surge de las personas contra las personas. Existe toda una estructura que legitima y reproduce los idearios de pertenencia y exclusión, ejecutando políticas discriminatorias y validando las conductas que moralmente concuerdan con el mantenimiento del espacio propio. Sin embargo, como sociedad tenemos la obligación y el poder de reconocer y erradicar los comportamientos racistas y discriminatorios que tenemos internalizados. Si empezamos por nosotros será más fácil que las instituciones dejen de realizar este tipo de prácticas que vulneran y quitan la dignidad a las personas.
No se puede hablar de Derechos Humanos universales mientras se continúa estigmatizando la migración. Todos las personas tienen el mismo valor y merecen que sus derechos sean garantizados, únete a la campaña #TúYYoSomosLoMismo.
Por Natalia Brizuela
Referencias bibliográficas
Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós.
Gutiérrez, J. M., Borre, J. R., Montero, R. A., & Mendoza, X. F. B. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. Revista de ciencias sociales, 26(2), 299-313.
Salgado, J. (2003). Discriminación, racismo y xenofobia. Revista Aportes Andinos, 7.
Escribe un comentario